COMUNICACIÓN

A LA OPINIÓN PÚBLICA

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En relación con el texto “La reforma eléctrica de López Obrador tiene un precio”, publicada en El País el 5 de febrero de 2022, firmada por Jon Martín Cullell, me permito hacer los siguientes comentarios.

 

El repaso que Jon Martín Cullell hace de la discusión sobre la reforma eléctrica le da más importancia a los personajes que están en su contra que a aquellos que abogan por un cambio en beneficio de la sociedad mexicana. Por parte de la CFE sólo cita un par de comentarios de Manuel Bartlett. Como consecuencia de esto, muchos datos carecen de contexto y profundidad. ¿Ejemplos? Leamos: “Esa iniciativa, que López Obrador ahora quiere desmantelar —dice el periodista—, creó un mercado basado en el principio de despacho económico: el generador más barato era el primero en subir su producción a la red. Un segundo mecanismo novedoso, las subastas de largo plazo, permitían a la CFE comprar electricidad a centrales privadas. En 2017 la italiana Enel ofreció los menores precios de generación del mundo en ese momento”. Este fragmento olvida mencionar que 1) aunque este mercado “novedoso” privilegia el despacho de las energías más baratas no toma en cuenta la confiabilidad y seguridad del sistema: las energías intermitentes pueden afectar la red eléctrica por lo que su costo no sólo es el único principio que se debe tomar en cuenta. 2) Como se ha explicado en diversas ocasiones, el mercado sí privilegia el despacho de las energías más baratas, pero al final de las subastas a todas las empresas se les paga lo mismo que a las generadoras más caras y sucias. Sí, las eólicas y solares reciben el mismo dinero que las contaminantes. De esta manera, ¿de qué sirve que sean más baratas si reciben el pago más alto y el usuario final es el único afectado?

 

Otro ejemplo de falta de profundidad en el texto: “El éxito renovable de los privados ha dejado a la CFE rezagada. Su inversión en energía limpia ha sido hasta ahora testimonial y sus plantas son más viejas y caras: un promedio de 1.413 pesos por MWh frente a los 401 de las privadas que ganaron una subasta, según cifras oficiales citadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de análisis independiente. En los últimos tres años, la CFE tampoco ha inaugurado nuevas centrales que pudieran volverla más competitiva. Así, su participación en la generación ha caído del 100% antes de la liberalización al 54% en 2018 y al 38% ahora”. El supuesto rezago de la CFE no se debe a los argumentos arriba expuestos. El mercado que propició la reforma de 2013 obliga a la CFE a disminuir su participación año con año. Esto se debe a que el costo que se calcula para las energías intermitentes es parcial: no se suma el proceso completo desde la generación de energía hasta su uso en los destinatarios finales. Para la CFE, sin embargo, sí se toma en consideración. Los números son dispares porque las cuentas están mal hechas.

 

Respecto de las energías limpias, al periodista se le olvida mencionar que del total de energía de este tipo inyectada a la red mexicana en 2021, el 55% fue de la CFE. Igualmente, del total de energía que la CFE produjo en ese mismo periodo de tiempo, el 38% fue limpia; mientras que los privados sólo lo hicieron con el 20%. La CFE ya anunció varios proyectos para seguir aumentando su generación limpia: la construcción de la planta fotovoltaica más grande de latinoamérica, el mantenimiento a las plantas hidroeléctricas para que tengan 50 años más de vida o el proyecto de producción de energía a través del hidrógeno verde. ¿Quién está más comprometido entonces con la generación de energías limpias?

 

Uno más: “El principio de despacho económico desaparece y las centrales del grupo estatal tendrán prioridad sobre las privadas, aunque sean más caras o contaminantes. Por ejemplo, una térmica pública subirá su electricidad antes que una eólica privada. Pero privilegiar a las centrales de la CFE amenaza con salir caro. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EE UU puso cifras al impacto de la reforma: la generación costaría entre un 31% y un 53% más. La razón es sencilla. El principal coste de producción es el combustible. Eólicas y solares no lo necesitan, pero se estaría privilegiando a aquellas que sí. Las emisiones de CO2 aumentarían, como resultado, entre un 26% y un 65%”. La prioridad no privilegia la energía sucia y cara sino aquella que le da confiabilidad al sistema. Como debe saber Jon Martín Callell, las energías intermitentes (eólica y solar) exigen condiciones del sistema que pueden afectar económicamente a largo plazo. La conversión que propone la CFE es muy sencilla: las energías firmes primero, posteriormente las intermitentes. El costo no será mayor por lo que explicamos líneas arriba sobre el funcionamiento del mercado. Con el 46% de participación privada, que propone la reforma, las empresas ajenas a la CFE también crecerán económicamente. La CFE no está en contra de ello, por el contrario: quiere asegurarse de que lo hagan de la manera más justa, no como sucede en la actualidad.

 

ATENTAMENTE

Luis Bravo Navarro

Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE

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